Indagan desvío millonario de gobiernos de Oaxaca

Francisco Vásquez

A pesar de que Oaxaca es el segundo estado más pobre de México, según el reporte de Medición de la Pobreza 2016, publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a finales de julio de 2017, donde resaltó que el 66.8 por ciento de los oaxaqueños vive en la pobreza, en diversas administraciones estatales de 2009 a la fecha los funcionarios públicos han desviado dinero que debió de emplearse para ejecutar programas sociales para combatir estos rezagos.

A consecuencia de estos actos de corrupción, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en este 2018, requirieron a la Subsecretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), órgano dependiente de la Contraloría de Oaxaca, que encabeza José Ángel Díaz Navarro, informes para auditar recursos que ascienden a 20 mil millones de pesos que no fueron ejercidos correctamente en administraciones pasadas.

José Ángel Díaz Navarro dio a conocer a medios de comunicación que la SFP se encuentra auditando recursos por un monto de 8 mil millones de pesos, mientras la ASF revisa los recursos por 12 mil millones de pesos.

Asimismo, detalló que a la fecha se han turnado 20 expedientes a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción para fincar responsabilidades penales, fiscalía que dirige Jorge Emilio Iruegas Álvarez, quien en días pasados denunció que Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal de Oaxaca, ha solapado la fuga de información para encubrir a personajes vinculados a estos procesos, además de que sufre espionaje telefónico.

Independientemente de los expedientes de responsabilidad penal, también se integraron 300 por responsabilidad administrativa en dependencias del Sector Salud, Seguro Popular e infraestructura social.

Díaz Navarro señaló que las irregularidades se detectaron donde se ejercieron programas sociales, sin embargo, el problema fue que en su momento no se entregó la documentación que avalara el uso del recurso.

Asimismo, detalló que los exfuncionarios estatales han tenido la oportunidad de conocer las anomalías detectadas, a fin de aclararlas, lo que permite ir desahogando las incógnitas, toda vez que el gobierno de Oaxaca y la Secretaría de la Función Pública tienen el compromiso de avanzar en la justificación del empleo del recurso o el fincamiento de responsabilidades administrativas o penales, por atentar contra el patrimonio de los oaxaqueños.

Otro de los problemas para la impartición de justicia, dijo, es que los procesos de justificación son demasiado tardíos, ya que en distintas documentaciones que han entregado los órganos auditores les han solicitado ampliar la información, pese a esto, la Contraloría de Oaxaca, la Auditoría Federal y la de la Función Pública han practicado 80 auditorías de todos los recursos que se dejaron de solventar desde el año 2009.