Exigen juicio político contra Raúl Bolaños Cacho Guzmán

Francisco Vásquez

La Comisión Instructora de la LXIII Legislatura del Congreso de Oaxaca admitió una demanda de juicio político contra el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raúl Bolaños Cacho Guzmán, en donde se le acusa de incurrir en violaciones a diversas disposiciones de la constitución estatal y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

La demanda fue interpuesta por el abogado Rafael García Zavaleta, especialista en derecho constitucional y electoral, quien argumentó ante el Poder Legislativo del estado que la designación del actual presidente del TSJ no reúne los requisitos constitucionales para garantizar su validez.

En entrevista, el abogado afirmó que Raúl Bolaños Cacho incurrió en usurpación de funciones al haber aceptado el cargo que ahora ostenta a siete años de haberse jubilado, ya que a partir del 11 de diciembre de 2009 se le autorizó su petición de jubilación en forma voluntaria.

Explicó que el 13 de marzo de 2017, Raúl Bolaños Cacho Guzmán fue designado magistrado presidente del TSJ, cuando tomó protesta ante el Pleno en sustitución de Alfredo Lagunas Rivera, quien solicitó licencia en el cargo, sin embargo, la designación se hizo violando diversas disposiciones legales.

Su retiro se hizo efectivo a partir de enero de 2010, cesando a partir de esa fecha sus labores como magistrado, es decir, dejó de permanecer activo dentro del Consejo de la Judicatura.

A partir de ese momento, se benefició de su jubilación como magistrado y de acuerdo a lo establecido por la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado adquirió el carácter de persona particular.

“Desde el 1 de enero de 2010, es un simple particular e impedido para que fuera indebidamente nombrado nuevamente como magistrado y como integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado”, mencionó.

En la demanda refirió que de 2010 a 2013, el actual presidentel del TSJ fue diputado local plurinominal por el Partido Acción Nacional (PAN) y aparte de cobrar su dieta como legislador se benefició del sueldo de magistrado retirado.

Por lo que para acceder nuevamente a un cargo del TSJ, Raúl Bolaños Cacho tuvo que haberse sometido al procedimiento establecido en el artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

“La demanda va fundamentalmente sobre la violación a los artículos de la Constitución del estado de Oaxaca, pedimos que se abriera juicio político y que se aprueben todos los elementos, sus consecuencias es que lo suspendan en el ejercicio de la función pública”, aseveró.

García Zavaleta alegó en su escrito inicial que nunca se dieron las condiciones legales para una designación legítima, lo cual vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva a través de un Poder Judicial autónomo e independiente, ya que ello evidenció la imposición de Raúl Bolaños Cacho como titular del TSJ.

Aseguró que Bolaños Cacho tampoco reunió otro requisito indispensable establecido en el artículo 103 de la Constitución local, donde establece que el Consejo de la Judicatura será presidido por el presidente del TSJ que elija el Pleno y durará en ejercicio de sus funciones cuatro años, pudiendo ser reelecto por un periodo más.

Además establece que para ser magistrado presidente se requiere un mínimo de tres años integrando sala, y el actual presidente sólo integró la sala familiar por un periodo de tres meses, antes de jubilarse.

Dijo que Raúl Bolaños Cacho Guzmán fue designado magistrado sin tener el nombramiento correspondiente, pues renunció en 2009 y ya se había jubilado, por ende, no era magistrado y, por otra parte, funge como presidente del TSJ sin haber integrado sala.

Por esta razón, acudió ante el Congreso del estado para reclamar la inconstitucionalidad del nombramiento de uno de los poderes del estado de Oaxaca y este martes ratificó su escrito consistente en 17 fojas ante la Comisión Instructora del Poder Legislativo.

Cabe señalar que a esta demanda de juicio político emprendida por el abogado Rafael García Zavaleta se suma la denuncia penal que hiciera ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción por los delitos de usurpación y ejercicio indebido de funciones contra el actual presidente del TSJ.

Ello por ostentar el cargo de manera ilegal al carecer de un nombramiento oficial como magistrado y que hasta la fecha el fiscal anticorrupción no ha informado ningún avance al respecto.

La querella interpuesta por el abogado Rafael García Zavaleta quedó registrada en la carpeta de investigación número CI-548/FEEMCO.SA/2017, donde solicitó la separación inmediata de Raúl Bolaños Cacho del cargo de magistrado y que sea sancionado penalmente.

Asimismo, se encuentra un juicio de amparo que se encuentra en revisión debido al sobreseimiento decretado por un juez de distrito en Oaxaca.