Abandona gobierno de Oaxaca a víctimas indirectas de feminicidio

Francisco Vásquez

Según datos oficiales, durante la administración del exgobernador Gabino Cué Monteagudo, 530 menores de edad quedaron en el desamparo a causa de 582 feminicidios registrados, en este sentido, la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad indicó que en lo que va del mandato de Alejandro Murat, de diciembre de 2016 a la fecha, se han registrado 202 feminicidios.

Asimismo, durante 2017, Oaxaca se ubicó como el tercer estado con mayor número de feminicidios a nivel nacional, detrás de Sinaloa y Veracruz, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en este periodo alrededor de 24 niños quedaron huérfanos, precisó la exfiscal para la atención de delitos contra la mujer, Rosario Villalobos Rueda, quien dejó su cargo en enero de 2018 ante la falta de presupuesto para ejercer sus funciones.

Sin embargo, a más de un año y ocho meses de la actual administración, no existe un registro oficial de cuántos menores han sido perjudicados por los feminicidios, a pesar de que los niños son doblemente víctimas, pues el impacto emocional no culmina al enfrentar la muerte de sus madres, continúa al ser expuestos a un contexto de abandono, con carencias afectivas y económicas, falta de acceso a salud, educación y alimentación, lo que afecta su pleno desarrollo.

La Ley de Atención a Víctimas del Estado de Oaxaca, aprobada por el Congreso local en mayo de 2015, contiene un apartado para la protección de menores de edad víctimas colaterales de delitos, donde obliga a las autoridades de Oaxaca a dar atención integral, psicológica, médica, jurídica y de servicio social, con la posibilidad de solicitar un apoyo económico al Fondo de Procuración de Justicia.

Pese a ello, en la práctica no se realiza, ya que los niños víctimas indirectas de los feminicidios son invisibles para el gobierno de Oaxaca, porque las autoridades no hablan o hablan poco de este tema, con esta acción de omisión infantes siguen sin recibir un apoyo integral.

En este sentido, el vicefiscal general de Atención a Víctimas y a la Sociedad, Fernando Coronado Franco, declaró ante medios de comunicación que no hay dinero y personal en el departamento a su cargo, del cual depende el acompañamiento a las víctimas colaterales, que incluye el pago de gastos funerarios, médicos, pasajes, contención para la madre y los niños.

En muchos de los casos, los niños quedan bajo la responsabilidad de sus abuelos, que en su mayoría son de escasos recursos, lo que agrava la situación es que los menores no son beneficiados con algún apoyo gubernamental para subsistir o una beca para continuar con sus estudios.

En este contexto, Neli Espinosa, diputada local por el Partido Morena, propuso el pasado mes de julio ante el Pleno de la LXII Legislatura una reforma a la Ley de Víctimas para el Estado de Oaxaca, que busca que autoridades estatales y municipales brinden acceso obligatorio a políticas y programas de asistencia social a las víctimas indirectas que hayan quedado en orfandad por homicidio o feminicidio.

Asimismo, exigió se construya una base de datos que permita conocer con certeza la situación en que se encuentren los niños y adolescentes que perdieron a su madre a causa de un homicidio o feminicidio, pues ante la carencia de datos precisos no se podría atender lo que no se conoce, argumentó.

Lo que se busca con esta reforma, es que los menores se convertirían en beneficiarios de los programas estatales y municipales existentes en cada gobierno, tales como becas, útiles escolares, uniformes, apoyos alimentarios, de vivienda, salud, lo anterior para tratar de resarcir la transgresión que sufrieron.

Por último, propuso que en la misma ley, se instituya la obligación de crear un registro de las víctimas que hayan quedado en orfandad, con esto se cumpliría con una responsabilidad social del Estado para evitar dejar en desamparo a las víctimas, tal como sucede en lo que va de la actual administración.

Cabe mencionar que el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los niños tienen derecho a la satisfacción de necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, cosa que los gobiernos tanto del estado como municipales han sido omisos en realizar, dejando en el olvido los derechos a las víctimas colaterales de feminicidio.