Denuncian irregularidades en búsqueda de activistas desaparecidos en Oaxaca

Francisco Vásquez

Integrantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, en conferencia de prensa, informaron sobre las últimas diligencias realizadas en torno al caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, luchadores sociales desaparecidos el 25 de mayo de 2007.

Nadín Reyes Maldonado, integrante del Comité, informó que este 7, 8 y 9 de agosto asistieron a una serie de diligencias realizadas en cuatro dependencias estatales las cuales fueron referentes a la búsqueda de los activistas.

Estas diligencias se realizaron por mandato de la resolución judicial 29/2014 decretada por el Poder Judicial de la Federación que desde julio de 2014 ordenó realizar una serie de acciones a fin de dar con su paradero.

Los lugares donde se realizaron las diligencias fueron en la agencia denominada Los Pinos, la Agencia Estatal de Investigaciones, la agencia de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata y la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca.

Señaló que no obstante que partieron de un mandato judicial, en su realización se observó una inspección superficial, sin el menor cuidado científico para obtener los mejores resultados que abonaran verdaderamente para dar con los responsables materiales e intelectuales de este crimen.

Por su parte, el abogado de la familia, Leonel Rivero Rodríguez, dijo que estas medidas jurídicas se otorgaron luego de una lucha constante durante 11 años ininterrumpidos y a pesar de las condiciones poco favorables en que se realizaron estas no son fortuitas y forman parte de un crimen de lesa humanidad.

Dijo que a las autoridades únicamente les importa dar por terminado el caso, puesto que al realizar las diligencias con el propósito de llenar los vacíos jurídicos que obran en el expediente y así cumplir con trámites protocolarios que exigió la instancia judicial.

El abogado lamentó que la Fiscalía General del Estado se haya adelantado a informar sobre los resultados argumentando que fueron exitosos, cuando no se encontró ninguna evidencia, pues era lógico debido a que los métodos faltan a la rigurosidad científica.

“Después de cuatro años, hay que tomar en cuenta que se pudieron haber borrado indicios, también hay modificaciones en los lugares en donde se realizó la búsqueda, la cual tuvo muchas fallas”, aseveró.

Explicó que entre las irregularidades que existen en el caso es que en Los Pinos, el predio cuenta con una extensión aproximada de 14 o 16 hectáreas y solamente se hizo una búsqueda en 400 o 500 metros cuadrados.

Además otra línea de investigación que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha agotado es la que se refiere a la participación de los militares y la orden del Poder Judicial de la federación de que se haga una búsqueda en los cuarteles militares o que se llame a declarar a los mandos castrenses de los campos que están en la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.

“No es una decisión que corresponda al ejército, es un mandato judicial, también se establece que se constituya una comisión de búsqueda, la cual no se ha integrado por la falta de voluntad del estado”, afirmó.

En ese sentido dijo que el Comité continuará con la exigencia de justicia y la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, pues pareciera que a las autoridades sólo les interesa declarar las investigaciones concluidas y dar por muertos a los luchadores sociales.

Aseguró que cuentan con los elementos suficientes para continuar las investigaciones pese a que las autoridades pretenden borrar las huellas de los detenidos y desaparecidos desde 2007.

Antecedentes

Cerca de las 17:00 horas del 25 de mayo de 2007 dos militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario- Ejército Popular Revolucionario se encontraban cerca del Hotel el Árbol, en el centro de Oaxaca, donde se ejecutaba un operativo conjunto de diferentes instancias de seguridad.

Ahí fueron capturados por elementos de la policía estatal y federal y hasta la fecha ya no se supo más de ellos, desde ese momento la organización a la cual pertenecían denunció que su desaparición tenía un fondo político.

Derivado de una labor de búsqueda el comité pudo establecer que los detenidos durante el transcurso de la semana en que ocurrió su desaparición fueron traslados a las instalaciones de la prisión militar ubicada en el Campo Militar Número Uno, perteneciente a la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Señalaron que ello evidenció la falta de voluntad política del gobierno federal y estatal al impedir el acceso a la verdad y la justicia, y la fragilidad de los derechos humanos en territorio mexicano.

Desde esa fecha aseguraron que el sistema de justicia en México estigmatiza a las víctimas para diluir el costo político de la impunidad, utiliza el miedo para que familiares, personas u organizaciones sociales no continúen denunciando las desapariciónes forzadas y con ello las instituciones condenan al olvido los innumerables casos otorgando impunidad a los agresores.

Uno de los últimos intentos por hacer caer el caso en el olvido fue cuando la PGR exhumó cuerpos del panteón Puerto Escondido de Oaxaca asegurando que allí se encontraría a Edmundo Reyes Amaya.

Sin embargo, por la desconfianza de los familiares hacia los peritos de la PGR solicitaron la intervención del Equipo de Antropología Forense de Argentina, ellos descubrieron que el gobierno intentó entregar restos falsos a la familia con tal de acabar con el asunto.