Denuncian apatía de Fiscalía para investigar desapariciones forzadas

Francisco Vásquez

En conferencia de prensa, integrantes de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo denunciaron que las autoridades en Oaxaca no tienen la voluntad política para garantizar el cumplimiento de la Ley General de Desaparición Forzada al no privilegiar ni constituir los mecanismos de búsqueda de las personas desaparecidas ni de brindar atención a las víctimas de desaparición forzada.

Señalaron que dicho ordenamiento legal no se ha armonizado en la entidad, pese a que en los últimos meses han aumentado las cifras de personas desparecidas relacionadas a la defensa de los derechos humanos y activismo político.

En un caso específico, acusaron que a más de cuatro meses de la desaparición del doctor en Derecho, Ernesto Sernas García, quien desapareció el pasado 10 de mayo en el municipio de San Agustín de las Juntas la autoridades competentes no han informado avance alguno con respecto a la búsqueda y paradero del abogado defensor de presos políticos.

La vocera de la organización, Micaela Islas Rosas, informó que el abogado litigante encabezaba la defensa legal de 22 integrantes de la Corriente del Pueblo Sol Rojo quienes se encuentran privados de su libertad desde el 7 de julio de 2015 y actualmente están siendo procesados por los delitos federales de terrorismo y portación de explosivos.

Mencionaron que sus defendidos fueron detenidos cuando regresaban de una manifestación en la Ciudad de México contra las reformas estructurales que impulsó el gobierno federal.

Reprocharon que tanto la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo), la Fiscalía General del Estado como la Secretaría General de Gobierno no han brindado a los familiares del desaparecido una atención adecuada en el caso, el cual representa un delito de lesa humanidad, afirmaron.

Explicaron que actualmente existe una denuncia ante la Unidad Especializada en Desaparición Forzada por lo cual se inició un legajo de investigación, así también se tramitó un juicio de amparo que se lleva en el Juzgado Octavo de Distrito y una queja ante la Ddhpo a fin de que se dictaran las medidas cautelares necesarias para la búsqueda del abogado.

Dijeron que por su parte, el gobierno del estado sólo acumula los expedientes de casos de desaparecidos sin que las instancias encargadas atiendan los reclamos de las víctimas.

Ante ello dieron a conocer el inicio de la campaña internacional para exigir su presentación con vida la cual dijeron ha tenido diversas expresiones de solidaridad en países como Brasil, Alemania, Chile, Ecuador, Austria, España, Siria, Turquía, Bélgica, entre otros.

El abogado de la familia de Ernesto Sernas García detalló que existen varias anomalías dentro de la investigación, las cuales hacen dudar de la objetividad con la que se conducen los funcionarios de la Fiscalía General del Estado.

Aunado a ello, señaló que los policías investigadores se han creado un juicio de valor y han etiquetado al abogado Ernesto Sernas por su personalidad.

“La Fiscalía asegura que la desaparición no es el resultado de una desaparición forzada que incluso puede ser una ausencia voluntaria, sin embargo no proporciona los elementos que demuestren esto y tampoco tenía motivos para huir de esa manera”, aseveró.

Además dijo que Ernesto Sernas no llevó consigo documentos personales, dinero en efectivo, ropa o vehículos, ya que el día que desapareció unicamente tenía sus pertenencias que portaba de manera ordinaria como son su cartera, teléfono celular, lentes y la ropa con la que aparece en el cartel de búsqueda expedido por la Fiscalía, la que actualmente no está realizando diligencia alguna para encontrarlo.

Por esa razón, y debido al incumplimiento y la falta de voluntad política para atender el caso, la Corriente del Pueblo Sol Rojo determinó iniciar una serie de movilizaciones que iniciarán el próximo 25 de septiembre donde llevarán a cabo diversas acciones a fin de encontrar respuesta a sus demandas.

Demandas sociales

Los activistas señalaron que las movilizaciones que emprenderán también tienen como finalidad exigir el cumplimiento de las medidas cautelares para 161 familias triquis desplazadas de San Miguel Copala.

Pedirán un alto al despojo de tierras del cual han sido objeto los habitantes de San Blas Atempa donde, dijeron, se ha impuesto una subestación eléctrica militar al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional.

También denunciarán una presunta violación a los derechos de diversas comunidades indígenas del estado por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la Coordinación General de Educación Media y Superior de Oaxaca.

Además realizarán sus movilizaciones de manera paralela con la denominada jornada de justicia por Ayotzinapa a cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas.